Los Consejos y el deber del Consejo en la Edad Moderna: el caso de Aragón. Antecedentes de nuestro sistema parlamentario actual

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¿CÓMO SE INSTITUCIONALIZA EL DEBER DEL CONSEJO? DE LA ÍNDOLE PROTOPARLAMENTARIA A LA NATURALEZA AÚLICA DEL CONSEJO. CONSECUENCIAS.

 

                Las raíces históricas de los consejos reales de la Edad Moderna se remiten a la época medieval, cuando surgen las asambleas representativas. El consenso sobre esta línea evolutiva parece claro en la mayoría de investigaciones que de algún modo tratan este tema. Incluso, autores como Dolores M. Sánchez González resaltan que el principio del deber de consejo se encontraba en la esencia del engranaje orgánico de la Administración Moderna[1]. Este engranaje orgánico se ha dado en llamar el régimen polisinodial, característica de la Monarquía española del “Antiguo Régimen” y tiene unas raíces medievales claras, y para Maravall es una peculiaridad de la Monarquía Hispánica. Para llegar a este sistema, que según la citada autora tiene como principios la flexibilidad adaptativa de las instituciones, el de delegación y el de interrelación de los poderes, propios de un estado moderno, tendremos que ver la evolución del deber de consejo.

            Este concepto del deber de consejo, quizá debiéramos remitirlo a su contexto histórico dentro del concepto de soberanía. Tanto Escudero como Suárez Fernández nos mencionan la concepción doble de soberanía de la etapa medieval: por un lado, la pactista, defendida fundamentalmente por los señores, y, por otro lado, la autoritaria o absolutista, defendida evidentemente por los monarcas y fundamentada en el Nuevo Testamento y durante la Baja Edad Media en el Derecho Romano[2]. Estas concepciones crearán las luchas por el poder entre nobles e instituciones territoriales y el rey, tan conocidas por todos, que llevará a reforzar la autoridad real con ciertas limitaciones según los territorios. Veremos cómo esta dual concepción de soberanía se manifiesta también en la historiografía.

            El origen divino del poder (“gratia Dei”) fue un pensamiento constante en la Edad Media. Según esto, la dignidad real no es recibida por quien la ostenta como un derecho sino como un deber, de cuyo cumplimiento se hace responsable ante Dios. Estaba sometido a una ley moral y el ejercicio de la autoridad real era considerado como un bien para la comunidad del reino. Por el contrario, la tesis pactista, que en la península Ibérica predomina en la Corona de Aragón (especialmente Cataluña), defiende que el poder real es el resultado de un contrato tácito entre el monarca y su pueblo, obligándose ambos al cumplimiento de la ley. Como especifica Escudero, ese poder sería originario de Dios -lo cual lo legitima- y llega al rey por medio de la comunidad (omnis potestas a Deo per populum) y esto significa que el pueblo confía a una persona el poder y está legitimado para retirárselo o para ejercer un adecuado control (en la península Ibérica a través de las Cortes), y lo mismo sucede en el caso de obtención por vía papal. Esta concepción es la que defiende la existencia del deber de ser aconsejado.

            Por lo tanto, el rey debe proteger la fe, gobernar con justicia y mantener la paz y para ello dispone de la fuerza de las leyes, que según las tesis pactistas tiene que acatar modélicamente, puesto que el carácter divino de su poder le limita y exige que lo ejerza con templaza en bien de sus súbditos. Ante esto, cabría no sólo hablar del deber de consejo de los súbditos en el gobierno regio sino también del deber del monarca de pedir consejo, tal y como apunta Arrieta Alberdi en su estudio sobre el Consejo de Aragón[3], puesto que, según las mencionadas teorías, el monarca debe ejercer su potestad en bien de la comunidad y tendría el deber de ser aconsejado. En relación con esto es de resaltar que Sánchez González y Maravall consideran que el acudir al deber de consejo en nada lesiona el principio de soberanía real, sino que le ofrece una fundamentación social decisiva de cara al pueblo. Hasta el punto que los monarcas sienten que es una obligación acudir al mismo[4], pero como una obligación moral y no un deber, puesto que no existe norma o derecho que lo exija. Arrieta Alberdi, en cierto modo, apoya esta opinión, aunque defiende el concepto de deber de ser aconsejado, al considerar que los motivos de que los reyes acudan a estos organismos permanentes (curias regias), lo cual llevaría a su institucionalización, sean legitimar las decisiones reales evitando conflictos mediante el más amplio consenso, condicionando, pero también afirmando -ya que lo legitima-, el ejercicio del poder real (p. 29) Al menos, es más patente para la Corona de Aragón. La idea que predomina en la historiografía es la de que el monarca goza del derecho de ser aconsejado y que se “institucionalizaría”.

            Durante la Baja Edad Media, el poder del rey es ejecutivo, judicial y legislativo, este último en menor medida puesto que está limitado por el juego político rey-Cortes, mucho más, como se ha mencionado, en la Corona de Aragón donde el monarca debía legislar de acuerdo con esta asamblea. No nos corresponde analizar el papel de las Cortes pero sí debemos detallar la evolución de estas asambleas para comprender el deber de consejo y su institucionalización.

            En la sociedad feudal es donde surgen las primeras manifestaciones de la función consultiva, en los siglos XI y XII. Todos los autores parecen coincidir en los puntos de esta línea evolutiva. Así pues, todos los vasallos del rey le deben de prestar el “auxilium” y “consilium” como señor, para la defensa militar y para el ejercicio del poder que es imposible ejercerlo de forma aislada, ni siquiera para un monarca como Felipe II, aunque su marco histórico era más complejo.

            Siguiendo a éste último autor, a Arrieta Alberdi como línea argumental, se apunta que los órganos consultivos con cierto peso para ser considerados aparecen en la península Ibérica, el marco geográfico de este trabajo, en el s. XI y desestima las aulas y consistorios visigóticos pero, Escudero sí incluye las curias altomedievales como antecedentes de los consejos, aunque este último remonta los testimonios más antiguos de éstos órganos a la curia leonesa de Fernando II en 1170 y a las Cortes de Huesca de 1247 para Aragón, ya que aparece cierta representatividad social. Estas juntas o curias estarían compuestas por magnates, seglares y eclesiásticos que colaboran en la gobernación del reino y figuran junto al monarca al dictar las leyes. Hubo dos tipos: una pequeña asamblea de regular composición -Curia ordinaria, reducida, o regia- de índole doméstica o palatina y cercana al rey; otra más amplia, Curia extraordinaria o plena, para circunstancias especiales o emergencias. La primera evoluciona en la Baja Edad Media hasta convertirse en el Consejo del rey, la segunda se transforma simultáneamente en una asamblea más o menos representativa que adopta en Europa distintos nombres: Estados Generales, en Francia y Países Bajos, Parlamento en Inglaterra, Dietas en Alemania y Cortes en España, etc.

            Estas curias se convierten en representativas de la sociedad estamental en la que actúan al incorporarse a los estamentos nobiliar y eclesiástico, los burgueses o ciudadanos. Según Escudero, se institucionalizará la presencia ciudadana en el s. XIII, consolidándose en consecuencia las Cortes, tal y como las conocemos en la Edad Moderna. Sin embargo, Arrieta Alberdi advierte lo siguiente:

 

     Un órgano perfectamente institucionalizado puede tener, en un momento dado, un peso político reducido, mientras que puede ocurrir que en una fase temprana de institucionalización se alcancen, sin embargo, altas cotas de influencia política.

      El proceso de institucionalización de un órgano consultivo plantea el problema de la conversión del deber de aconsejar en derecho a aconsejar. (P. 27)

 

            Vemos que defiende la concepción pactista de la soberanía al hablar de que cuando acaece la institucionalización de éstos órganos de gobierno el deber se convierte en derecho a aconsejar. Esta idea ha sido ensalzada por la historiografía regional, especialmente catalana, en numerosos trabajos sobre la limitación del poder real en la Corona aragonesa a través de sus Cortes y su Diputación que, no obstante, debían ser convocadas por el rey, lo cual limita su actuación. Sigamos con la evolución de los mismos.

            La Curia regia u ordinaria estaba compuesta por miembros de la Corte (familia real, funcionarios de palacio, magnates eclesiásticos y seglares) y desde el s. XIII se integraron jurisperitos en derecho romano-canónico, lo cual confirma su función de asesoramiento. También es destacable que las Cortes integren esta burocracia especializada para cumplir mejor su función y ajustarse a la fuerza del Derecho para defender sus prerrogativas. Tal y como expresa Sánchez González en la p. 21 de la citada obra , «Lo importante es contar con los suficientes elementos de juicio para poder tomar una decisión, para poder actuar. Y eso es lo que aporta el deber de consejo. Tras la utilización del mismo, el soberano estará en condiciones de emitir un decreto, una orden o una disposición que lleve a la práctica la decisión real», se entiende que no implica que se siga ese consejo puesto que la última palabra pertenece al rey, ya que posee esa potestad. Por lo que, si existe la obligación del monarca de pedir consejo tampoco afecta en demasía a su soberanía, a no ser que comparta ciertas potestades con alguna asamblea del tipo de las Cortes. Arrieta Alberdi menciona que la formación de asambleas representativas de los reinos tomando como base instancias consultivas del monarca, tuvo su contrapartida en la consolidación en torno a éste de una estructura fija de asesoramieno y formalización de la burocracia cancilleresca. Su origen estaría en las funciones asesoras y judiciales (a primera instancia o de apelación) de la curia ordinaria, y, en la suprema función asesora, judicial en algunos casos, la potestad legislativa (obteniendo sus disposiciones caracter de leyes generales del reino) y su convocatoria real para asuntos graves e importantes como la jura del heredero, la elección y matrimonio de reyes, declaración de guerra y concesión de subsidios y ayudas económicas, que competían a la curia plena o extraordinaria (también “corte pregonada”). Ésta estaba compuesta por los nobles y eclesiásticos que integraban la ordinaria, por los magnates de los distritos y por obispos y abades, y desde el s. XII por los maestres de Órdenes Militares de Uclés y del Temple.

            El monarca parece instrumentalizar ese deber de consejo, y como resaltan muchos historiadores, entre ellos Maravall, a medida que evoluciona el concepto de soberanía y surge el Estado Moderno evolucionan sus órganos de gobierno. Así que, también el crecimiento de la administración pública dio lugar a una burocracia que representa un cambio importante en el hábito de gobernar, tal y como resalta Molas Ribalta[5]. Como ya hemos apuntado, el tipo de Estado Moderno exigía fundamentalmente a sus servidores una formación jurídica, así con los Reyes Católicos aparecen funcionarios especializados de las capas medias de la sociedad, auque los aristócratas aún conservarán los altos cargos durante la Edad Moderna.

            De este modo, los monarcas se servían de órganos auxiliares-consultivos. Y, según Arrieta Alberdi el deber de asesorar al monarca sitúa a éste en supremacía, pero también en desventaja al institucionalizarse, lo cual significaría que junto al deber de aconsejar aparece el deber de ser aconsejado, pero otros autores como González Antón consideran que nunca existió ese deber de ser aconsejado o el derecho a aconsejar, al menos jurídicamente.

            Todo ello llevaría al sistema polisinodial que alcanza su mayor grado de institucionalización con Felipe II, tal y como veremos en el siguiente apartado.

 

¿CÓMO Y POR QUÉ ACAECE EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CONSEJO DE ARAGÓN EN CADA UNO DE SUS HITOS: PEDRO IV (1344), FERNANDO III (1494), CARLOS V (1522) Y FELIPE I (1579)?.

 

            Para autores como Lalinde Abadía, Arrieta Alberdi y Ricardo García Cárcel, el punto de partida del centralismo empieza con la ausencia física del rey de sus reinos periféricos, lo cual va a ocasionar, junto con la consideración como epicentro político de Castilla, que surjan instituciones que sirvan de eslabón intermedio entre el monarca y el virrey[6], tal y como apoya también Luis Suárez Fernández. Así, en 1494  Fernando el Católico institucionalizó la curia regia creando el Consejo Supremo de Aragón, ubicado en la Corte y encargado de toda la problemática de los reinos de Aragón, con una función consultiva y judicial como tribunal supremo de apelación. Era presidido por un vicecanciller y lo integraban 6 letrados como regentes de cada reino y un tesorero general, todos ellos debían ser naturales tal y como pedían insistentemente las Cortes, pero no siempre se cumplió. De este modo, se enmarca a la Corona de Aragón, respetando sus peculiaridades, dentro de un Estado supranacional que se regía con el sistema polisinodial.

            Pero los que primero van a inaugurar la división de poderes serían los primeros Trastámaras, de este modo, Pedro IV va a poner las bases del futuro Consejo de Aragón al dictar en 1344 las Ordenanzas de Casa y Corte, contribuyendo, como también apuntábamos con Arrieta Alberdi en el anterior apartado, no sólo al reforzamiento del poder del Estado, aún incipiente, sino también al desarrollo de la nobleza como cuerpo privilegiado. Concedieron el poder ejecutivo al Consejo real, legislativo a las Cortes -con el rey-, judicial a la Audiencia o Chancillería. Así, en opinión de Suárez Fernández en la obra citada, el Consejo se hallaba inserto en la Corte correspondiendo a las funciones públicas del soberano (p. 143), y su modelo de funcionamiento para la Corona aragonesa lo estableció Pedro IV. Arrieta Alberdi va más lejos al resaltar que la pugna nobleza-rey se decanta por el monarca que conserva la supremacía, puesto que se estructuran los órganos palatinos de forma doméstica (p. 38) Aparecen las figuras de Canciller, Vicecanciller y Regente de la Cancillería, como funcionarios reales.

            Los Austrias mayores van a ser continuadores de la política de los Reyes Católicos, no obstante, Carlos V respeta las instituciones de sus distintos reinos y con la Pragmática de 1522 sólo establece la reordenación del Consejo de Aragón siguiendo la política fernandina y añadiendo que sólo actúe en competencias judiciales y que prevalezca la autoridad del Canciller, en este caso, Gattinara, sobre el vicecanciller, como señala Arrieta Alberdi, aunque esta primacía cambió otra vez al vicecanciller al morir Gattinara. Hay autores que consideran muy relevante el papel de este Consejo en esta etapa, aunque no llegue al escalafón del Consejo Real de Castilla[7] (ya que todos los investigadores coinciden en que se dió una castellanización de la monarquía)

            Con Felipe II se llegará a la adquisición de unos perfiles orgánicos y funcionales, con la definitiva consolidación y aumento de la actividad consultiva del Consejo de Aragón, según revelan los estudios de Arrieta Alberdi, coincidiendo con la confirmación del Consejo de Italia (1556-1579), que reduce competencias al Consejo. Se tecnificará o burocratizará mucho más como institución asesora del monarca, y esta instrumentalización acaece ya que éste monarca llevaba una forma de gobierno directa y personal, cuyo cauce intermediario entre el rey y sus consejos eran los secretarios. Pero, el panorama cambia para Riba García y otros investigadores al consultar la documentación existente en el Museo Británico -y que no consultó Arrieta Alberdi- ya que se aprecia una capacidad ejecutiva o de actuación política mayor de lo que se le suponía a este consejo. Por esta época, sí se puede decir que el Consejo de Aragón adquiere madurez: la adopción de formas estables en la planta, en los cauces de acceso a los asuntos, en las normas de funcionamiento interno, en las vías de relación con los virreyes y en el aseguramiento en la composición del Consejo mediante la reunión selectiva de los letrados más fieles de las Audiencias.

            Con los llamados Austrias menores, el Consejo de Aragón se hallaba sometido a presiones de distinto signo. Frente a los reinos aparecía como el órgano de la prepotencia regia -de hecho, se trata de un órgano del gobierno central-. Los primeros ministros criticaban al Consejo por su imbricación en las facciones y clientelismo de sus regiones de origen. Olivares logró sustituir al vicecanciller (que era un jurista) por un presidente, y nombró, para este nuevo cargo, a un castellano, a un aristócrata, es decir, a un militar. Auque esta medida fue suspendida después de la caída del valido, fue restablecida en 1692. Otro cambio fue la incorporación de caballeros no letrados bajo el título de “consejeros de capa y espada”[8].

            El organismo desaparecerá junto con los fueros aragoneses con los decretos de Nueva Planta de Felipe V en 1707.


[1] SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Dolores M.: Las Juntas Ordinarias. Tribunales permanentes en la corte de los Austrias. U.N.E.D. Madrid, 1995. P. 15. Se remite a otra publicación suya titulada El deber de consejo en el Estado Moderno. Las Juntas “ad hoc” en España (1471-1665). Madrid, 1993.

[2] ESCUDERO LÓPEZ, José Antonio: Curso de Historia del derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas. Madrid, 1995 (2ª edición revisada) Pp. 507-508. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: Historia de España. 7. Los Trastámara y los Reyes Católicos. Gredos. Madrid, 1985. Pp. 140-141.

[3] ARRIETA ALBERDI, Jon: El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707). Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 1994. P. 27. Hace un estudio monográfico exhaustivo sobre esta institución y sobre sus antecedentes, lo cual la convierte en obra central de este trabajo.

[4] SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Dolores M., op. cit., p. 19. Se remite a un documento de Felipe II de las Juntas “ad hoc” sobre moriscos de 1595: “ Por cumplir con la obligación que tengo al servicio de nro. Señor y al descargo de mi consciencia y bien de mis Reynos y vasallos mande muchos años ha que se tratasse (…) juntandose para ello en esta Corte y en esse Reyno las personas a quien se cometio y sus apuntamientos que todos van endereçados a mayor bien d elos dichos nuevos convertidos”. Es una obra que no cita Arrieta Alberdi en su bibliografía.

[5] MOLAS RIBALTA, Pere: Manual de Historia de España. 3. Edad Moderna (1474-1808). Espasa-Calpe. Madrid, 1988. P. 114.

[6] GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: Historia de Cataluña. Siglos XVI y XVII. Los caracteres originales de la historia de Cataluña. Ariel. Barcelona, 1985.Pp. 354-355.

[7] FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: “El siglo XVI. Economía. Sociedad. Instituciones”. Historia de España. Menéndez Pidal. Dirigida por: José María Jover Zamora. T. XIX. (2ª edición) Espasa-Calpe. Madrid, 1990. P. 594.

[8] MOLAS RIBALTA, Pere, op. cit., p. 272.

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  1. Como amante de la historia de Canarias es de agradecer estos informes. Gracias Auxi. Sigue asi. Este blog se esta haciendo interesante. Tengo varias cuestiones sobre una epoca determinada que tu me podrias ayudar. Ya hablaremos. Un abrazo. JMH.

    • Es una satisfacción para mí que te guste mi blog y la historia, otra pasión que compartimos. Cuando quieras, si está en mi mano ayudarte a solucionar tus dudas o tus preguntas, estaré encantada de hacerlo. Un abrazo y gracias.

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