Estatuto de Autonomía de Canarias: estudio crítico de una norma jurídica de primera importancia en Canarias

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Estudio crítico sobre nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias, para los que desconozcan la norma jurídica más importante en Canarias después de la Constitución española de 1978.

 ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS

 

Auxiliadora Rodríguez Suárez

 

                El Estatuto de Autonomía de Canarias es el documento más importante de la administración de este territorio, en la medida en que se le reconocen a esta comunidad autónoma competencias de autogobierno mediante distintas instituciones y su identidad singular, como se reconoce en el Título preliminar (Disposiciones generales) en su artículo primero[1]. Por ello, y si queremos hacer un análisis de su contenido, no podemos prescindir de la comparación necesaria con el primero de los estatutos del que éste es la reforma. Es decir, debemos consultar el estatuto de 1982[2]. Del mismo modo, no podemos dejar de consultar la Constitución Española que data de 1978[3] y que es la que fundamentó el documento objeto de estudio aquí, tanto a nivel general como particular. Se expresa esto último puesto que se pretende un acercamiento a su contenido en general, que se enfocará más a comparar ambos estatutos, y también se pretende valorar particularmente el sistema electoral.

            La génesis de todo lo que aquí se nos presenta la expresa mejor que nadie J. A. González Casanova (Catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona) en los siguientes párrafos:

      El artículo Segundo y el Título VIII de la Constitución de 1978 permiten esbozar una nueva teoría del Estado basada en la experiencia constituyente española. La originalidad del Estado surgido de dicha experiencia reside en su proceso de integración mediante la creación previa de Comunidades Autónomas, las cuales, a su vez, reciben, para constituirse, “parcelas” del poder estatal. Este último se configura, así, en poder de autogobierno de las comunidades que integran el Estado español.

      Si bien se mira, esta originalidad del Estado constitucional en 1978 se inscribe, en el fondo, en la lógica interna de todo proceso histórico de construcción estatal, es decir, en al unión o federación de comunidades políticas relativamente autónomas[4].

                El Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce en su primer artículo, ya mencionado, ese deudo con la Constitución, pero en la última edición reformada añade dos variantes sobre este artículo, que no altera esa fundamentación en la Constitución. La primera de esas variantes, que reseñaremos abajo (y lo señalaremos), aparece en función de que se trata de una reforma, y no ya de acceder a la autonomía como ocurría en la primera versión. La segunda, que también reseñaremos, introduce la idea de nacionalidad recogida por la constitución, pero sin dejar de mencionar que es dentro de la Nación española.

            En la primera versión del Estatuto (Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto) aparece así el artículo primero o 1 en el Título preliminar, Disposiciones generales:

Canarias, como expresión de su identidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad de la Nación española, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica[5].

                El artículo 1 que hoy está vigente (B.O.C. de 13 de enero de 1997) expresa lo siguiente:

Canarias, como expresión de su identidad singular, y en el derecho de autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad de la Nación española, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto, que es su norma institucional básica[6].

                Pero no es sólo en esto en lo que varía el citado artículo 1 del Estatuto, sino que además de variar el orden de dos frases en el párrafo siguiente, introduce la idea de cooperación con otros pueblos, todo ello siempre refiriéndose como marco a la Constitución y al presente Estatuto (gracias a lo expresado en el artículo 147 de la Constitución española).

            En este último punto debiéramos preguntarnos qué expresa la Constitución sobre las comunidades autónomas, que para constituirse necesitan al estatuto como «norma institucional básica». No ahondaremos demasiado en este tema mas que cuando sea necesario referirnos a la Constitución.

            González Casanova al cual se citaba se olvida de mencionar un punto importantísimo para las autonomías. En el preámbulo de la citada Constitución (B.O.E. de 29 de diciembre de 1978) se expresa algo que habla por sí solo:

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

                Si esto es así, lo siguiente aclara algo más sobre lo que hemos visto en el artículo 1 del Estatuto. En el artículo 2 o segundo (en el Título preliminar de la Constitución) se expresa:

      La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas.

                En esto último nos remitimos a lo que se citaba con González Casanova como explicación de la génesis de las autonomías, pero la de Canarias es peculiar puesto que su constitución fue muy problemática. Por lo tanto, no se puede hablar del Estatuto de Autonomía de Canarias, para explicar lo que hoy se encuentra en vigencia en la sociedad canaria, si se prescinde de su proyección histórica.

            La problemática de la configuración de la autonomía de Canarias está dentro de la de la transformación, que señala I. Mª de Lojendio e Irure, de un Estado fuertemente centralizado a una estructura basada en la autonomía, que no puede ser más que problemática.[7]

            No vamos a ahondar en esta transformación a nivel nacional, pero sí mencionaremos las vías de su consecución. Lojendio e Irure distingue dos fases en la política autonómica: la de racionalización y ralentización, donde entraban el caso vasco, catalán y gallego, cuyos estatutos habían sido aprobados, y la de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del proceso Autónómico), con consignas de homogeneidad y generalidad, así como una urgente aceleración del proceso que permitiría aprobar en 1982 los Estatutos de Autonomía aún pendientes.

            Unos, la conseguirían por la vía del artículo 151 de la Constitución, como era intención de la Junta de Andalucía en junio de 1979, y otros, por la vía del artículo 143. Esto se debía a que el Comité Ejecutivo nacional de UCD aprobó el 15 de enero de 1980 un importante documento divulgado en prensa que abogaba por una racionalización, consigna de la primera fase, y decide “adoptar para todos los procesos autonómicos el procedimiento previsto en el artículo 143” que “permita garantizar el principio de igualdad y solidaridad entre todas las regiones y nacionalidades”, y “propiciar la abstención o el voto en blanco en los referéndums de iniciativa previstos en el artículo 151”[8]. Esto último también lo señala Hernández Bravo de Laguna , al que citaremos más adelante.

            Esto significaba el inicio de un proceso más lento al cual se vio abocado, entre otros, el caso canario, que adoptará la vía del artículo 143. Aunque en el caso canario también hubo otro tipo de problemas, como señala Teresa Noreña[9], la cual menciona que los mismos problemas del primer Estatuto se repitieron en la reforma y que se trata de un proceso no terminado. También podemos establecer la problemática a través de estudios realizados por Hernández Bravo de Laguna[10] y por Alcaraz Abellán y Millares Cantero[11].

            Para los dos últimos, la transición política hacia la democracia en Canarias está marcada por tres cuestiones fundamentales, y que podemos incluir en la valoración del Estatuto como factores a destacar, que serían: el debate sobre el modelo económico (REF) y más tarde con el proceso de incorporación a la Comunidad Económica Europea; la «internacionalización de la situación canaria» en el contexto geopolítico, que podemos ver en sendos artículos consultados[12]; la implantación de un régimen de  libertades y un marco de gobierno y administración autónomo para las islas.[13]

            Asimismo, señalan lo que podemos considerar la esencia del Estatuto de Autonomía de 1982, que también es la del actual: contempla la doble capitalidad, un peculiar sistema electoral y el respeto a las tradicionales franquicias económicas insulares. En su artículo 22 -artículo 23 de la reforma- señala que el gobierno y la administración de los territorios insulares de cada una de las siete islas corresponde a los Cabildos. Mencionan algo significativo que explica en parte la problemática: «implantando el régimen autonómico, se asiste a la aparición de nuevas fuerzas políticas o a la reestructuración de otras, lo que pone de manifiesto que, excepción hecha de algunas fuerzas ya consolidadas, el panorama político canario sigue sin estar estabilizado». Asimismo, señalan que el elemento más novedoso de los últimos años es la aparición y consolidación de un insularismo inclinándose hacia posiciones de un nacionalismo moderado.[14]

            Conectando con lo expresado, podemos resumir la problemática del autonomismo canario, siguiendo a todos los autores mencionados, en:

            ú La mencionada polémica de la vía de acceso a la autonomía según el articulado constitucional (en el primer Estatuto).

            ú La autodenominación de esta comunidad autónoma.

            ú La desarticulación social y la histórica falta de unidad del Archipiélago, que se iban a imponer una vez más. Las divisiones históricas e ideológicas en el archipiélago. No existía una conciencia colectiva general.

            ú Divisiones entre y dentro de los partidos políticos, en desacuerdo sobre cómo conformar la autonomía canaria. Centrándose en los temas de la ubicación territorial de las sedes de las instituciones comunitarias, que se “resuelve” mediante ley en 1997, y en el sistema electoral a utilizar en las elecciones autonómicas (representación parlamentaria, circunscripción electoral a nivel territorial,…). Éste último por su polémica merece una valoración por nuestra parte.

            ú Otro problema fundamental, que se recoge en la lectura del Estatuto, es el de la especificidad del régimen económico-fiscal ya mencionado, el “hecho diferencial canario” a defender en 1978,  los Estatutos de autonomía y la inserción en la C.E.E.

            Estos problemas son herencia, en gran parte, de situaciones históricas anteriores, planteadas también en el llamado “problema canario”[15] y en el “pleito insular”[16].

            Lo realmente problemático es que estos problemas o estas polémicas se centran en los puntos de lo que debe contener un Estatuto de autonomía, y lo es más teniendo en cuenta que es la “norma institucional básica”. El artículo 147 de la Constitución expresa:

«1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado las reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

b) La delimitación de su territorio.

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.»

Siguiendo este último punto, 3, parece que se ha llegado a la reforma aquí analizada, que además de las primeras variaciones o cambios mencionados presenta otros tantos. La mayoría de ellas corrige imprecisiones (se sustituyen términos como “regional” por “autonómico”, “Islas” por “Cabildos”, en algunos casos, etc.), alteran el orden de frases o las omiten -también ocurre en los puntos del articulado-, incluyen u omiten algunos artículos en función de las situaciones o necesidades más recientes, como la inserción en la C.E.E., por ejemplo.

            Se intentará hacer un balance de todo ello, para luego pasar a valorar el sistema electoral.

            En el artículo Segundo o 2, se  cambia el término “Canarias” por el de “Archipiélago Canario”, que se relaciona con la fragmentación insular y la incorporación de las áreas marítimas que circundan al archipélago, aunque en el artículo 40 añada que las competencias del Estatuto se harán sin perjuicio de las del Estado en estas áreas.

            En el artículo 3 se incluye la regulación de las sedes mediante la Ley del Parlamento de Canarias, pues antes no se especificaba.

            En el artículo 5 incluye un apartado e) en el punto 2, el de la defensa y protección de la Naturaleza y del medio ambiente, en consonancia con las tendencias actuales de la política.

            Del mismo modo, incluye un artículo insertado como el número 7, con lo cual el articulado pasa de los sesenta y cuatro del primer Estatuto a los sesenta y cinco artículos del presente. En aquél se reconoce el derecho de las comunidades canarias fuera de la Comunidad Autónoma a participar de su personalidad de origen.

            En el siguiente artículo reconoce que el sistema de poder gira en torno al Parlamento, Gobierno, su Presidente y los Cabildos insulares, y añade en la reforma la definición y función de los últimos.

            No incidiremos en el tema del Parlamento, puesto que para éste también existe un reglamento[17] y tampoco varía en demasía este apartado, ni tampoco incidiremos en el sistema electoral, por las razones ya dadas.

            En la “Sección II, Del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma” se añade un artículo, el veintiuno o 21, sobre el Presidente del Gobierno de Canarias y la posible confianza o cesión, pero no se altera la sección mas que en esta inclusión y en la introducción y especificación de los Ayuntamientos como órganos de la Comunidad Autónoma en la función administrativa dada en el punto 3 del artículo 22, así como en el punto 7, también añadido, del artículo 23. En el mismo artículo también se hace un añadido significativo en el punto 2, el de la función administrativa que se encarga de atender al “hecho insular”.

            En la siguiente sección, sobre el Gobierno y los territorios, se hace mención a los Cabildos insulares y su función, y parece insistir mucho en ellos.

            En la siguiente sección (De la Administración de Justicia) las variaciones son mínimas. Se le quita la competencia al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, expresada en el punto 5 del artículo 26 del Estatuto de 1982, de resolver los conflictos de atribución entre Corporaciones locales e incluye un punto 3 en su artículo 28, el de la ingerencia de la Comunidad Autónoma en la gestión de medios y recursos de Juzgados y Tribunales de Canarias. Del mismo modo, sustituye el punto 4 del artículo 28 del anterior Estatuto por el del 29 del presente, precisando más las competencias de las administraciones públicas en relación con la administración judicial.

            En el Título II de las competencias, más que añadidos, que los hay, u omisiones, se da un “fenómeno” de fusión de los puntos y el articulado con respecto al anterior Estatuto, aunque sigue  correspondiéndose con las competencias otorgadas en los artículos 148 y 149 de la Constitución española[18].

Los añadidos más significativos en este Título están relacionados con la configuración de la policía autonómica (artículo 34 del presente Estatuto y 30 del anterior) y con los proyectos de planificación del Gobierno de Canarias (en el artículo 36), así como con la variación, en estos años, de la situación de Canarias con respecto a los órganos comunitarios europeos, que se puede explicar con el artículo, ya citado, de Mª Asunción Asín Cabrera. En este último caso, son notorios los añadidos del punto 2 del artículo 37 y del 3 en el 38.

El Título III apenas ha sido alterado, excepto en el artículo 44 que se añade en sustitución del 43 del anterior Estatuto, puesto que responde a diferentes situaciones que han variado: en el anterior, se instaba a la creación de un órgano consultivo de la Comunidad y en el presente existe el Consejo Consultivo de Canarias como supremo órgano consultivo, regulado por ley y mencionado de hecho en el Estatuto vigente.

Algo parecido sucede en el Capítulo Primero del Título IV, sobre el régimen económico y fiscal de Canarias. Se defienden sus raíces históricas y su reconocimiento constitucional, y en el punto dos añadido en el artículo 46 se determina su incorporación, mediante el reconocimiento como región ultraperiférica, a la Unión Europea. En el artículo 45, punto 2, del anterior Estatuto, sólo se preveía, pero no era un hecho.[19] Por lo demás, no se modifica esencialmente (sólo se cambia “Cabildo” por “Isla” en el artículo 48) este título IV hasta llegar al artículo 59, donde se añade un punto sometido a regulación mediante Ley del Parlamento canario referente a la gestión de recursos del Régimen Económico-Fiscal de Canarias.

Asimismo, parece que se presenta un error de impresión de esta edición en el artículo 61 (en sus apartados b y c del punto 1), puesto que se copian los puntos 2 y 3 del artículo 60 del anterior Estatuto, que se ven modificados en el presente en los puntos 2 y 3 del artículo 62. Del mismo modo, el punto 1 o Uno a del artículo 61 correspondía en el anterior al artículo 60 y el punto uno del artículo 62 del presente correspondía al artículo 61 del anterior. Asimismo, en el artículo 61 del presente, se añade el punto 2 sobre la Audiencia de Cuentas con respecto al anterior Estatuto donde no se menciona.

Por último, en el Título V, De la reforma del Estatuto, sólo se añade un punto en el artículo 64, es el número 2.

 En el caso de las disposiciones sí se observan más variaciones; sobre todo, en lo que respecta a corrección de imprecisiones y fusiones de puntos, pero en la Segunda disposición adicional se observa un cambio radical en los puntos d y e. Anteriormente, los impuestos sobre ventas y consumos sólo se aplicaban a la fase minorista y ahora, se exceptúan de ellos, y antes se exceptuaban los recaudados mediante monopolios fiscales. Del mismo modo, se añade una tercera disposición en relación con el régimen económico-fiscal. También se omite una mención a la capitalidad que en la disposición cuarta no se debía ver afectada por su contenido y se añade una disposición quinta.

En cuanto a las disposiciones transitorias, sólo se modifican al introducir un punto dos en la primera de ellas, que se relaciona con el punto 2 del artículo 8 del anterior Estatuto (artículo 9 del presente) sobre el sistema electoral, que pasaremos a ver seguidamente.

En conclusión, este presente Estatuto incidiría más en los puntos que podemos considerar como la problemática de la autonomía canaria: las divisiones internas y administrativas, el sistema electoral, el régimen económico-fiscal y los Cabildos, como habíamos señalado.

El presente Estatuto recoge todo lo referente a un supuesto sistema democrático, y se dice supuesto porque hay autores que consideran que su sistema electoral no es tan representativo como debería de ser, convirtiéndose en una de las polémicas más airadas en la configuración autonómica canaria. El Estatuto recoge, por lo tanto, a los órganos representativos del pueblo canario y sus funciones; en este caso, el Parlamento, que estaría constituido por Diputados autonómicos elegidos por sufragio universal directo, igual, libre y secreto.

            En ambos Estatutos, el presente y el anterior, se recoge que el sistema electoral es el de representación proporcional. Establecen el número de diputados autonómicos entre 50 y 70, que se fija en 60 según las disposiciones transitorias que luego veremos. También establece que cada isla constituye una circunscripción electoral. En cuanto a la figura del diputado del Común, el artículo 14 del presente manifiesta variaciones y añadidos con respecto al anterior Estatuto, pero lo que nos interesa es lo que menciona de la elección de estos representantes. Expresa que serán elegidos por mayoría de tres quintas partes de los miembros del Parlamento de Canarias. Del mismo modo, ambos Estatutos hacen mención al nombramiento del Presidente del Parlamento y al del Gobierno Canario, realizado mediante votación parlamentaria.

            Pero no sólo podemos analizar el sistema electoral mediante el articulado, sino también mediante las disposiciones transitorias, en concreto en la primera de ellas.

            En ambos Estatutos se establece que los diputados del Parlamento Canario serán 60 distribuidos territorialmente, se supone que por representación proporcional, como establece el artículo 9 del presente Estatuto, en vigencia. Corresponde a: 15 por Gran Canaria y 15 por Tenerife, 8 por La Palma, 8 por Lanzarote, 7 por Fuerteventura, 4 por La Gomera y 3 por El Hierro.

            Es decir, se establece la solución que planteaba a la problemática electoral, durante la transición democrática, el Partido Comunista, con el que converge la U.C.D.; es el sistema del 30-30-30. Pero esto plantea graves problemas: acentuación del insularismo y de la desigualdad política en el electorado, tanto a nivel insular como interinsular, pues pesan unos votos o representaciones más que otros u otras, y esto fomenta más la fragmentación en los procedimientos de autogobierno, con la consecuente inestabilidad política. Es la tendencia al insularismo, que “revive” el “pleito insular”, mencionada por varios autores, entre ellos los citados Alcaraz Abellán y Millares Cantero.

            Por último hemos de mencionar la misma tendencia para con el punto dos añadido a la disposición transitoria primera del presente Estatuto.

            Por lo tanto, para solucionar estas deficiencias se deberían reformar los criterios existentes en el sistema electoral por otros más viables, en funcion de las necesidades sociopolíticas actuales de la Comunidad Autónoma Canaria.

FUENTES

Constitución española. Texto íntegro. Civitas. Madrid, 1993.

Estatuto de Autonomía de Canarias. Reglamento del Parlamento. Parlamento de Canarias.

ALCARÁZ ABELLÁN, J. y MILLARES CANTERO, S.: “Capítulo IX. El marco político e institucional (siglos XIX-XX)”. Historia de Canarias. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1995. Pp. 489-532.

ASÍN CABRERA, Mª A.: “Canarias y la Comunidad Europea”. Historia de Canarias. Vol. IV. Siglos XIX-XX. Prensa Ibérica. Valencia, 1992. Pp. 873-888.

GONZÁLEZ CASANOVA, J.A.: “Las comunidades autónomas en la Constitución de 1978”. La constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Servicio Central de publicaciones del gobierno vasco. Departamento de la presidencia. Oñati-1983.

HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, J.: “El poder local: fuerzas políticas y autonomía”. Historia de Canarias. Vol. IV. Siglos XIX-XX. Prensa Ibérica. Valencia, 1992. Pp. 841-856.

LOJENDIO E IRURE, I. Mª DE: “Normativa constitucional y política autonómica”. La Constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Servicio Central de publicaciones del gobierno vasco. Departamento de la presidencia. Oñati-1983.

MORA MORALES, M. (ed.): Nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. (De acuerdo con el B.O.C. de 13 de enero de 1997). Globo. Islas Canarias, 1997.

NOREÑA SALTO, Mª T. y ASÍN CABRERA, Mª A.: “Canarias en la política internacional”. Historia de Canarias. Vol. IV. Siglos XIX-XX. Prensa Ibérica. Valencia, 1992. Pp. 857-872.

NOREÑA SALTO, Mª T.: Conferencia sobre el Estatuto de Autonmía de Canarias y su problemática o desarrollo histórico dada en la U.L.P.G.C. el 16 de diciembre de 1997, de la cual se tomó nota.

PÉREZ DÍAZ, P.: El problema canario. Imp. Gutemberg. Sta. Cruz de La Palma, 1910.

TORNOS, J.: Legislación sobre comunidades autónomas. 2.Tec


[1] MORA MORALES, M. (ed.): Nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. (De acuerdo con el B.O.C. de 13 de enero de 1997). Globo. Islas Canarias, 1997. En base a la reforma de la Ley orgánica 10/1982 de 10 de agosto, aprobado por el Consejo de ministros el 30 de diciembre de 1996.

[2] Estatuto de Autonomía de Canarias. Reglamento del Parlamento. Parlamento de Canarias. Esta edición del estatuto de 1982 es más práctica ya que pone anotaciones en los márgenes sobre los contenidos del articulado. También podría consultarse la edición de TORNOS, J.: Legislación sobre comunidades autónomas. 2. Tecnos. Madrid, 1984. Pp. 240-266.

[3] Constitución española. Texto íntegro. Civitas. Madrid, 1993.

[4] GONZÁLEZ CASANOVA, J. A.: “Las comunidades autónomas en la constitución de 1978”. La constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Servicio central de publicaciones del gobierno vasco. Departamento de la presidencia. Oñati-1983. P. 37.

[5] En la página 11 de la edición del Parlamento de Canarias, ya citada. Es la que se va a seguir.

[6] Se seguirá la edición ya mencionada de Manuel Mora Morales.

[7] LOJENDIO E IRURE, I. Mª de: “Normativa constitucional y política autonómica”. La Constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Servicio… Oñati-1983. P. 126.

[8] Ibidem, p. 130.

[9] En una conferencia impartida el 16-12-97 de la que se tomó nota.

[10] HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, J.: “El poder local: fuerzas políticas y autonomía”. Historia de Canarias. Vol. IV. Siglos XIX-XX. Prensa Ibérica, Valencia, 1992. Pp. 841-856.

[11] ALCARAZ ABELLÁN, J. y MILLARES CANTERO, S.: “Capítulo IX. El marco político e institucional (siglos XIX-XX)”. Historia de Canarias. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1995. Pp. 489-532.

[12] NOREÑA SALTO, Mª. T. y ASÍN CABRERA, Mª A.: “Canarias en la política internacional”. Historia de Canarias. Vol. IV. Siglos XIX-XX. Prensa Ibérica. Valencia, 1992. Pp. 857-872. Y ASÍN CABRERA, Mª. A.: “Canarias y la Comunidad Europea”. Historia de CanariasVol. IV. Siglos XIX-XX. Prensa Ibérica. Valencia, 1992. Pp. 873-888.

[13] ALCARAZ ABELLÁN, J. y MILLARES CANTERO, S., op. Cit., p. 529.

[14] Ibidem, p. 532.

[15] Ya en 1910 encontramos estas problemáticas, polémicas, etc., en la contestación canaria al informe del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación acerca del régimen político administrativo canario, PÉREZ DÍA, P.: El problema canario. Imp. Gutemberg. Santa Cruz de La Palma, 1910.

[16] Existen numerosos estudios sobre esta temática, entre ellos el clásico de Marcos Guimerá Peraza.

[17] En la obra citada que edita el Parlamento de Canarias con el Estatuto de 1982, aparece el Reglamento del Parlamento de Canarias (aprobado en sesión plenaria de 17 de abril de 1991 y modificado en sesión plenaria de 28 y 29 de marzo de 1995).

[18] Véase también la Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto. Trasferencias complementarias a Canarias. Está  contenida en la obra de TORNOS, J.: Legislación sobre comunidades autónomas. 2. Tecnos. Madrid, 1984.

[19] Nos remitimos a sendos artículos de Noreña Salto y Asín Cabrera en la obra ya citada.

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    • GRACIAS, JOSÉ MANUEL. Pido disculpas, porque fui imprecisa en el título, es un trabajo de hace unos años sobre el estatuto de autonomía actual que en aquel entonces era nuevo, así que en realidad es materia no actualizada, simplemente es un estudio crítico comparativo sobre el Estatuto de Autonomía canario y sus sistema electoral. Es decir, en lo que se avanzó, se consiguió entonces y sus debiliades aún hoy, que persisten en nuestra legislación. Gracias de todos modos. Espero que les haya sido útil. un abrazo.

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